.+200.000+euros+sin+justificar+en+2007+seg%C3%BAn+el+Tribunal+de+Cuentas.jpg)
ATIME fue una ONG de
inmigrantes marroquíes surgida en Madrid, en 1989, donde tuvo su sede central,
contando a su vez con delegaciones en Alicante, Almería, Barcelona, Cádiz,
Cartagena, Jaén, La Rioja, Murcia, Pamplona, Parla, Sevilla, Toledo y Valencia.
Su objetivo era la defensa
de los intereses particulares de los inmigrantes marroquíes en España. Para
lograrlo actuó básicamente en los planos jurídico (asesoramiento y tramitación
de documentos, entre otros muchos los relacionados con la "discriminación positiva"), logístico (proporcionar de manera directa bienes y otros
servicios a los inmigrantes marroquíes), cultural (enseñanza de la lengua árabe
a los hijos de los inmigrantes), propagandístico a favor del inmigracionismo y
de la interculturalidad para España (dirigida esta propaganda, sobre todo,
hacia la población española y utilizando con frecuencia para ello las
infraestructuras escolares y las de las asociaciones de vecinos) y también
político.
Llegó a contar con 15.000
afiliados. Funcionaba tanto con personal contratado como con voluntarios. Participaba,
a nivel europeo, en la Coordinadora de las Asociaciones Democráticas de
Inmigrantes Marroquíes en Europa (CADIME) y en el Foro Europeo de la
Inmigración y, a nivel nacional, en el Foro de Integración de los Inmigrantes.
El Tribunal de Cuentas, en su Informe de fiscalización sobre los fondos públicos aplicados por la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración para la Integración de los Inmigrantes, analizó, entre otras ONGs, a ATIME (págs. 203-220) y fiscalizó
las subvenciones recibidas por esta ONG para su aplicación en el ejercicio de
2007. El Tribunal de Cuentas encontró numerosas
irregularidades, entre otras casi 200.000 euros recibidos por ATIME cuyo
gasto en los programas de la ONG no se puede justificar de ninguna manera. Así:
“El importe total de las dos subvenciones concedidas para la ejecución de los nueve
programas subvencionados, se elevó a 622.739,48 euros. El importe total de las
justificaciones aportadas en la ejecución de los programas subvencionados, una
vez aplicados por este Tribunal de Cuentas los excesos de imputación,
reclasificaciones y límites por partida de gasto y territorios existentes, se
elevó a 423.657,46 euros. Por tanto, los fondos totales no aplicados
ascenderían a 199.082,02 euros, cantidad que, junto a los intereses de demora a
que hacen referencia los artículos 37.1 y 38.2 de la Ley General de
Subvenciones, debe ser requerida, a juicio de este Tribunal de Cuentas, por el
órgano concedente de las subvenciones analizadas, es decir, por la Dirección
General de Integración de los Inmigrantes, a la entidad ATIME”.
